Fenats recurre a la justicia tras eliminación del beneficio de Ley de Urgencia a trabajadores hospitalarios de Coquimbo y Ovalle

Cerca de 100 funcionarios de salud perdieron un beneficio clave que por años había reconocido su labor en áreas críticas.

El Directorio Regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena en defensa de cerca de un centenar de funcionarios hospitalarios afectados por la eliminación del beneficio contemplado en la Ley de Urgencia.

Los trabajadores perjudicados se desempeñan en áreas complejas y de alta exigencia como Neurocirugía, Traumatología, Medicina, Médico Quirúrgico y Psiquiatría, tanto en el Hospital San Pablo de Coquimbo como en el Hospital Provincial de Ovalle.

Según explicó el presidente regional de Fenats, Mauricio Ugarte, la medida fue adoptada de manera sorpresiva y unilateral por el Servicio de Salud Coquimbo, a pesar de los compromisos previamente establecidos en documentos oficiales.

“El Servicio de Salud  Coquimbo eliminó este beneficio después de varios años, este trámite el Servicio de Salud lo realiza de manera bastante irregular de un día para otro, habiendo de por medio una serie de compromisos subscritos en documentos respecto al derecho de este beneficio, la ley de urgencia  está asociada a trabajadores que están vinculados a servicios críticos en los hospitales, a servicios que son complejos y que requieren una atención dedicada con pacientes dependientes”, denunció el dirigente.

¿Qué es el beneficio de la Ley de Urgencia?

Se trata de una compensación que incluye 10 días de descanso adicional y un incentivo económico, dirigido a trabajadores que cumplen turnos de 24 horas en contacto directo con pacientes altamente dependientes. Este reconocimiento busca mitigar el desgaste físico y mental de quienes están en la primera línea de atención hospitalaria.

Ante la eliminación de este beneficio, los funcionarios afectados —con respaldo de su organización sindical— buscan restablecer sus derechos por la vía judicial, apelando a la protección constitucional y a los compromisos que, según señalan, fueron ignorados por la autoridad de salud.